A través de los papeles de Bárcenas han aflorado, a los medios de comunicación, que gran cantidad de políticos del PP recibían sobresueldos, que no eran en dinero negro, pues supuestamente están incluidos en sus respectivas declaraciones de Renta. Si damos esto por cierto, donde se deben volcar todas las investigaciones, es en averiguar la contrapartida de esos dineros en efectivo, es decir, si hay una salida de efectivo es porque previamente ha habido otra entrada en efectivo. Si empezamos a sumar los sobresueldos vemos que rápidamente se alcanzan los cientos de miles y no me extrañaría nada que superasen los 6 dígitos. Una empresa seria, y no supuestamente corrupta, lo lógico es que los importes de esa envergadura los transfiera para que quede claramente reflejado en su contabilidad. Si no se ha procedido así, es porque seguramente, y siempre supuestamente, el origen de dichos fondos no son del todo legales. Se presenta pues una gran ocasión para que los jueces, y en este caso el juez Ruz, pegue un puñetazo en la mesa y deje en evidencia que nuestro sistema no es todo lo claro y trasparente que debería ser y que aquellos que deberían legislar y dar ejemplo, son en realidad unos interesados que han visto en la política su particular vía de prosperar y de hacer creer al pueblo soberano que están ahí por y para un servicio con la sociedad. En este caso, quien queda en evidencia es el PP, pero anteriormente vimos el mismo proceder en el PSOE con los Filesas, Time Export, y otros.
Si el objetivo era que la ciudadanía pierda poco a poco su fe en este sistema que no nos quede la menor duda que se están superando día a día.
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