La Comunidad Valenciana tiene tantos litigios relacionados con las imputaciones a conselleres, diputados, alcaldes etc., que la administración está prestando mas atención a capear el temporal que a dar soluciones a los problemas que tiene la Sociedad Valenciana, que no son pocos.
Lo último hace referencia al ex-conseller Rafael Blasco para quien, no solo, el fiscal anticorrupción pide 14 años de cárcel, sino que hasta la propia Abogacía General de la Generalitat Valenciana pide 11 años de pena y 31 años de inhabilitación. De entre las acusaciones cabe destacar el desvío de 1,8 Millones de euros de dinero público que iban destinados a dos proyectos humanitarios en Nicaragua y fueron destinados a compras de sedes. Todo esto bajo el mandato del incompetente Francisco Camps, que deja un listón tan alto en despropósitos y falta de credibilidad que dudo que nadie logre algún día superarle. Por poner un botón de muestra hoy leemos en la prensa, que Camps destituyó a Isabel Villalonga, subsecretaria de Presidencia de la Generalita porque se negó a visar, y por tanto a autorizar el pago de, facturas presentadas por empresas de Urdangarin, pues constató que los estudios se correspondían con "corta/pegas" de internet y ninguna de ellas estaba justificada documentalmente. En definitiva, perdió su puesto de trabajo por ser rigurosa y responsable con su cometido.
Volviendo a Blasco, Alberto Fabra, actual presidente de la Comunidad Valenciana, manifestó abiertamente que no le temblaría el pulso al tomar las medidas necesarias para que los valencianos recuperasen la confianza en las administraciones públicas. Pues, a fecha de hoy, Blasco no ha sido suspendido en el PP, ni siquiera provisionalmente, se sentarán muy próximos en las Cortes Valencianas y, quizás, hasta compartan unos cafés, posiblemente subvencionados, en la cafetería del propio recinto.
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