En un post anterior hice referencia al privilegio de los numerosos aforados en nuestro país, sin parangón con ningún otro de nuestro entorno. Se supone que todo político se mueve por la voluntad de prestar un servicio a su sociedad, sin embargo la realidad nos muestra que muchos se han movido por arenas movedizas con el fin de lograr beneficios propios, en unos casos, o de unos pocos en otros. También en muchos casos, tras la indagación de un delito, vemos que se les podrá investigar y juzgar pero con una gran limitación porque, en aplicación de las leyes actuales, muchos de los hechos, a la hora de la investigación, ya están prescritos.
Mi reflexión me lleva a que las personas que han recibido la confianza de la sociedad para guiar nuestros destinos y poniendo en sus manos fondos públicos, estos hechos constitutivos de delito no deberían prescribir nunca.
Todo político debería de ser consciente que si dispone de unos privilegios, la contrapartida es que los delitos ejercidos durante su periodo de representante de la sociedad no prescribirán nunca.
Esta no prescripción debería ser aplicable igualmente para aquellos que sin ser electos, pero con cargos públicos o de otro tipo, buscan fondos públicos para darles un destino que no se corresponde con el fin para el que fueron creados. Un ejemplo significativo lo tenemos en el caso de los ERES en Andalucía.
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